La política de no intervención promovida por Francia y Gran Bretaña durante la guerra civil española condicionó decisivamente el acceso a los mercados internacionales de armas por parte de la República. Mientras los sublevados se beneficiaban del suministro y colaboración, más o menos encubierta, de Italia, Alemania y Portugal, las autoridades republicanas se vieron obligadas a recurrir a intermediarios y al mercado negro y, en última instancia, fue inevitable una dependencia creciente de los suministros enviados desde la Unión Soviética.